Planteo de COFE por proyecto de Ley de urgente consideración

Luego de la reunión mantenida con el futuro Ministro de Trabajo, Dr. Pablo Mieres, en relación al proyecto de Ley de urgente consideración -y en particular aquellos artículos que nos son de particular interés- nuestros delegados de COFE le entregaron el siguiente documento a fin de disipar dudas sobre la normativa concerniente a los funcionarios públicos

Montevideo 5 de febrero 2020

Acorde a lo conversado en la reunión mantenida entre COFE y las futuras autoridades del MTSS, sin perjuicio de los temas tratados respecto al relacionamiento del nuevo gobierno con nuestra organización Sindical, la aplicación de la ley de negociación colectiva en el sector público, el tomar como punto de partida para la negociación salarial, el mantenimiento  del salario real y la extensión del convenio colectivo vinculado a la asiduidad en la Administración Central, y la posibilidad de negociar crecimiento sobretodo en los lugares de salarios mas sumergidos, cumplimos en enviar este documento expresando nuestra preocupación por algunos artículos específicos que nos involucran como trabajadores Estatales, respecto de la Ley de Urgente Consideración:

Planteos específicos:

1)    Artículo 291 a 296. nos interesa saber si los delegados de ONSC en los organismos serán funcionarios de carrera? En el entendido que hay restricciones en el acceso de funcionarios a la administración y si bien el art 292 habla que serán funcionarios técnicos, nada dice respecto a su vínculo contractual con la ONSC.  A su vez, en el conjunto de dicho articulado no se observa ninguna mención a la aplicación de la Ley 18508 art 4 literales A, B y D.

2)    Artículo 297. No queda claro cómo se ingresa a la función pública, si por concurso o por cual mecanismo y al no definir como se realizan las “designaciones” se generan dudas respecto de los modos de acceso a la administración.

En lo que tiene que ver al literal B solo habla que podrán llenarse esos espacios con funcionarios redistribuidos o en su defecto “designar” a no funcionarios para los escalafones A, B, D y E, allí expresamente se excluye el escalafón C (administrativo) que es un alto porcentaje de funcionarios, los cuales realizan tareas sustantivas para el correcto funcionamiento de la administración.

En tal sentido y teniendo en cuenta que en el próximo quinquenio en algunos incisos el porcentaje de posibles jubilaciones puede alcanzar hasta un 40% del funcionariado, si no habilita iguales condiciones para el escalafón C, se va a generar un vaciamiento de funcionarios en las estructuras de esos ministerios.

Se autoriza a designar un nuevo funcionario público por cada tres vacantes (33%), en la ley actualmente vigente se autoriza una designación por cada dos vacantes (50%). Por otra parte, se amplía el ámbito de aplicación de este criterio a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que en la Ley vigente no tienen límites de vacantes.

Se nos generan dudas respecto a si esta limitación de vacantes no daña la autonomía constitucional de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

En lo que respecta a, también el literal B:  se expresa que “salvo las excepciones que establezca el Poder Ejecutivo, con asesoramiento de la ONSC, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los cometidos esenciales y sociales del Estado.” ¿Queremos saber a qué se refiere con excepciones? ¿Cuáles serían? Las que están estipuladas en el Art. 4, o si esto implica la derogación de dicho artículo. Insistimos en estos temas y respecto del escalafón C en virtud de lo establecido en el literal B del presente documento.

3)    Artículo 298. Se establece la posibilidad de que funcionarios profesionales y técnicos se puedan inscribir en una lista para ser redistribuido. ¿Queremos saber cuáles serían los criterios de selección para los que estén inscriptos en esa lista? ¿Cómo se designaría a los mejor preparados? ¿Sí va a ser por concurso? Y, principalmente, queremos que se especifique qué pasa con la vacante de origen del funcionario que se va redistribuido; si bien se entiende que del lugar donde lo absorben, debería haber una vacante, no queda claro que pasa con el vacío que se genera en el lugar de origen del funcionario redistribuido.

Esta consulta apunta a que hay muchos técnicos y profesionales que no están ejerciendo la tarea ya que ingresaron a la administración para ejercer funciones en otros escalafones o cargos, ante la posibilidad de desempeñar su profesión en otro lugar; ¿Quién cubrirá la acefalia que genera en el lugar de origen? ¿Se aplicaría las mismas restricciones de 3 a 1?

4)    Artículo 299. Entendemos fundamental que se especifiquen cuáles son las garantías del trabajador en el traslado enumerando taxativamente; tema carrera administrativa, salario total (incluye partidas, compensaciones etc.). Aceptación por escrito del trabajador respecto del traslado como mecanismo garantista y que no se transforme en una sanción indirecta. Y ¿cuáles serían los criterios para la redistribución?

No se observa reconocimiento ni mención al cumplimiento de la Ley 18.508 art 4 literal C.

Si bien se señala que los traslados no podrán afectar los derechos adquiridos,  dada la fuerte diferenciación salarial entre organismos se pueden generar situaciones en las que a igual tarea diferente remuneración. A título de ejemplo, el funcionario trasladado: a) gana menos o más que los que están en el lugar de destino por el nivel de las compensaciones; b) tiene diferente carga horaria, aunque tenga el mismo nivel de ingresos.

5)    Artículo 300. Este articulo incluye que el Poder Ejecutivo criterios sobre la fijación de pautas técnicas para la mejora de gestión en materia de recursos humanos del Estado y la justificación de los traslados correspondientes. ¿Dichos traslados podrían ser hacia los incisos del Gobierno Central y viceversa? Si así fuere, ¿cuáles son las garantías para los trabajadores en este proceso?

Se nos generan dudas si los plazos y mecanismos que se aplican para obligar al cumplimiento de los criterios fijados por el Ejecutivo no daña la autonomía constitucional de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

6)    Artículo 301. Entendemos que la Ley debería especificar que este proceso se realizará cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Negociación Colectiva.

7)    Artículo 448. Entendemos la preocupación del Poder Ejecutivo de velar por la libre circulación de personas, bienes y servicios, pero esto no debería implicar la  declaración previa de ilegitimidad de las interrupciones, ya que se estaría violando el derecho de reunión y expresión. Se solicita se incorpore en la redacción que previo llamado a la fuerza pública se dé una notificación ya sea por parte de Fiscalía o por el Poder Judicial respecto de que en el caso de persistir con el piquete actuará la policía.

En el caso de tratarse de medidas sindicales que previo al actuar policial intervenga el MTSS a efectos de persuadir la disolución de la medida y generar un ámbito de negociación con el espíritu de solución de conflictos.

8)    Artículo 449. Recordamos que un Estado de Derecho la utilización de la fuerza Pública debe requerir el conocimiento y autorización de las autoridades judiciales en el marco del sistema de garantías.

En el caso de situaciones conexas o derivadas con el ejercicio del derecho de huelga no se podrá proceder a la disolución del piquete sin la previa intervención del Ministerio del Trabajo, quien debería generar un ámbito de negociación que permita encontrar una solución a la situación de conflicto.

Los anteriormente señalados, serían algunos de los puntos que más preocupan en nuestro sector, sin perjuicio del estudio que se realizará de aquellos artículos específicos que corresponden a los diferentes incisos. Entendemos fundamental que en todos los casos que corresponda se:

– aplique y reconozca la Ley 18508 referente a la negociación colectiva del sector público;

– contemple que el vínculo con los funcionarios públicos es estatutario, en tanto aplica el Derecho Administrativo y por tanto todo lo que la norma no diga, no se aplica a los trabajadores.

Solicitamos entonces qué, en virtud de lo conversado en la última reunión, se genere un ámbito con quien el nuevo Gobierno designe para discutir con mayor profundidad los temas vinculados al articulado que afecta a los funcionarios en la LUC, sin perjuicio de que entendemos necesario concretar la reunión que se había comprometido con el Presidente electo Luis Lacalle Pou.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE COFE