ARTICULO 4. AJUSTE SALARIAL

El artículo 4 presentado por el Poder Ejecutivo y el aprobado por la Cámara de Diputados son muy diferentes y mucho más impreciso que los Lineamientos Salariales presentados el 24 de agosto de 2020 en el Consejo Superior del Sector Público.

Un cambio sustancial es sustituir el Índice de Precios al Consumo (IPC) por el Índice Medio de Salarios Real del Sector Público para determinar a partir del 1º de enero 2022 el “componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que, al finalizar la vigencia de este presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro”.

En los Lineamientos Salariales la perdida de salario real y el componente de recuperación se determinaba utilizando el IPC, lo cual es totalmente verificable considerando el valor de salario líquido de cualquier trabajador en cualquiera de las ramas del sector público.

La sustitución del índice Medio de Salario Real del Sector Público por el Gobierno Central, si bien excluye de la medición a las empresas públicas y a los gobiernos departamentales, sigue siendo totalmente inadecuado. El Incide Medio de Salarios del Gobierno Central estima la evolución del salario real de 228 mil vínculos laborales de funcionarios públicos. El valor de dicho Índice variara, en más o en menos, con los cambios de ingresos en cualquiera de esos ámbitos, ergo afirmar, como se hace en este artículo que el “salario real no sufra deterioro”, puede implicar que unos funcionarios ganen y otros pierdan y su incidencia dependerá de la ponderación de cada tipo de organismo.

Los funcionarios civiles de la Administración Central representan solamente el 25% del valor que adquiere el IMS del Gobierno Central, por lo cual podrían perder salario y eso tendría una mínima incidencia en “deterioro del salario real”.

Otra de las diferencias fundamentales, y también muy negativa, es que no está definida que fecha se toma como base para evaluar ese deterioro. Si se tomara diciembre de 2019, el índice de poder adquisitivo no considera el ajuste de 8,79% otorgado en enero de 2020, lo que implica una pérdida de salario real muy importante que trasciende este período de gobierno.

Si bien se fijan valores de inflación proyectada, relativizan el uso de esos valores en los ajustes dado que afirman que tomaran “en consideración las correspondientes inflaciones proyectadas en el Mensaje” presupuestal. Decir que algo se toma en consideración no indica cual será el criterio a utilizar: si tomaran el ´máximo, el centro o el mínimo del rango meta”.

Luego señala que “a partir del 1° de enero de 2023 inclusive, deberán incluir un correctivo que tome en cuenta la diferencia en más que se hubiera registrado” entre el ÍPC registrado y el porcentaje de ajuste otorgado, relativizando con el “tome en cuenta” el valor que adquiera el correctivo.

Si tanta imprecisión, no fuera suficiente, se agrega un componente que flexibiliza aún más las posibilidades de acción del Poder Ejecutivo. Luego de fijar que en 2023 y 2024 se daría un correctivo por la diferencia entre la inflación proyectada y la efectiva se crea una instancia de posibles modificaciones de las pautas salariales a partir de un conjunto de variables asociadas. En diputados se eliminó “las necesidades de la población más vulnerable”, lo cual no mejora la situación. se mantuvieron las otras cinco variables, dejando un enorme marco de discrecionalidad para la definición del correctivo.

“En cada aumento salarial, el Poder Ejecutivo ponderará en forma conjunta e integral:

– la inflación proyectada en el Presupuesto Nacional,

– los ajustes salariales otorgados,

– la evolución del Índice de Precios al Consumo,

– el resultado financiero del sector público

– las disponibilidades del Tesoro Nacional.

Quedaran, además, condicionados los ajustes salariales anuales, en un sistema de premios y castigos, porque el Poder Ejecutivo queda “facultado en su caso, para aplicar criterios diferenciales en la adecuación salarial”, dependiendo del “grado de avance en la implementación de las reestructuras organizativas y racionalización de políticas remuneratorias”.

Y seguramente, por aquello de que más vale que sobre y no que falte, si el resultado financiero del sector público previsto en la exposición de motivos del Presupuesto ‪2020-2024‬ no se cumpliera el Poder Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva y queda facultado para tomar las medidas de ajuste correspondientes.

En conclusión, entendemos que este artículo es absolutamente inconveniente para los trabajadores públicos, en tanto, abre enormes espacios de discrecionalidad al Poder Ejecutivo en la definición de las políticas de actualización salarial y los tomara como variable de ajuste de las cuentas públicas. Por lo cual reclamamos que se fijen las actualizaciones y el mantenimiento del salario real en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo, tomando enero de 2020 como valor del salario real que debe ser recuperado en el período y que esto no dependa de otras variables ajenas al poder adquisitivo de los trabajadores, menos aún, de la evolución de los resultados financieros del sector público que tiene como objetivo el Gobierno. ¡Los trabajadores del Estado no deben ser la variable de ajuste de las cuentas públicas!